La norma establece un marco jurídico que garantice el interés general y los derechos y deberes de los ciudadanos en el empleo de las nuevas tecnologías y redes de telecomunicaciones por parte de las Administraciones públicas.
La norma establece un marco jurídico que garantice el interés general y los derechos y deberes de los ciudadanos en el empleo de las nuevas tecnologías y redes de telecomunicaciones por parte de las Administraciones públicas.